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Llamado a la desobediencia Civil

Se ha producido un terremoto en redes sociales y medios de comunicación, por la propuesta que hice de acudir a la desobediencia civil como método pacífico y responsable en medio de una pandemia, para reaccionar ante un gobierno ilegitimo que está condenando a la sociedad colombiana al genocidio.

Razones para la desobediencia sobran: la relación probada del presidente y la vicepresidenta con el narcotráfico, el fraude electoral, el desastre económico maximizado por la debacle de la salud, la concentración de la riqueza en manos de los banqueros, la destrucción mayúscula del empleo, un sistema pensional que no pensiona, la corrupción que carcome todas las instancias del Estado, el fracking que amenaza el agua, la muerte sistemática de líderes sociales, etc.

Colombia es hoy uno de los países más contagiados del mundo, y este es un asunto político. Es el sistema de salud y el raquitismo de la política social lo que nos hunde en el abismo de la enfermedad, más que a la mayoría de los países del orbe.

Pero el problema, en realidad, no consiste en discutir con quienes por ignorancia o por mala intención hacen ver la desobediencia civil como un delito, una herejía digna de la santa inquisición, cuando en realidad es esta, la forma de más alta conciencia ciudadana pacifista, como alguna vez lo dijera y lo practicara Gandhi.

El problema central está en llevarla a la práctica.

La desobediencia civil no se medirá por el valor teórico de la propuesta, sino por la capacidad que tengamos de convertirla en una necesidad para las masas.

Si no hay reacción social en estos tiempos de pandemia caminaremos, con certeza, a las tierras de la dictadura.

El “uribato” que es la dirigencia económica y política del uribismo, sabe con certeza que se ha debilitado y que no cuenta con el apoyo ciudadano que antes tenía. Esa debilidad en un proyecto político que necesita de la violencia para perpetuarse en el poder y que no puede estar sin poder porque termina en la cárcel por su alto nivel delictivo, los empuja con desespero a la opción tiránica, los lleva a tratar de extinguir la democracia.

El uribato ante su pérdida de ciudadanía, escoge el camino de la dictadura y la simple tiranía.

Por tanto, si de verdad queremos un proyecto democrático para Colombia, se hace necesario una respuesta ciudadana contundente e inmediata.

El primer gran problema de esa reacción social es la imposibilidad, por ahora, de autoconvocarnos en grandes manifestaciones, pero podemos desplegar una capacidad de reacción desde y dentro de  la pandemia misma. Una capacidad de acción coherente con preservar la vida en medio de la pandemia, que debe ser desatada por instancias de convocatoria sociales.

Luego de las multitudinarias movilizaciones del 21 de noviembre y del 4 de diciembre, el paro empezó a marchitarse. Para el mes de enero y febrero ya se notaba un debilitamiento de la movilización popular muy determinada por un liderazgo social que se fracturaba ante el triunfo electoral de Claudia y su poder sobre el partido verde. Las cúpulas de las centrales obreras, en una buena proporción, respondieron a la atmósfera de apoyo a la nueva alcaldesa y eso les implicaba una contradicción aguda con la movilización popular, sobre todo, en Bogotá.

Liderazgos estudiantiles construidos desde la prensa tradicional, líderes sindicales tradicionales, el liderazgo de algunas ONG y de algunos movimientos sociales, estaban gravitando más en lo que sería la composición del nuevo gobierno distrital y su apoyo, que en la necesidad de ampliar la movilización social.

Hoy las instancias de paro, no se hacen presentes en las nuevas condiciones y ni siquiera se han expresado sobre la necesidad imperiosa de una nueva movilización popular adaptada a las necesidades que demanda la existencia real y creciente de la pandemia.

Por eso, una de las tareas más importantes de la gente que se considera de la Colombia Humana en el país, es construir las instancias sociales desde las que se puedan convocar las jornadas de desobediencia civil. La sociedad colombiana necesita de un referente social en medio de la confusión que genera la misma enfermedad, las ansias de sobrevivir, el riesgo cotidiano a la existencia y unas políticas del gobierno contrarias al existir. Ese referente social no puede demorar en aparecer.

La desobediencia civil es un método no violento de alta conciencia ciudadana colectiva e individual, se puede expresar de diversas maneras a nivel local o nacional. Por eso hay que construir ya esas instancias sociales locales y nacionales para echarla a andar.

Las instancias sociales pueden fallar en la convocatoria a la desobediencia porque la confusión actual de la ciudadanía puede desvalorizar los objetivos colectivos. La consigna del sálvese el que pueda económica y físicamente, nos puede conducir a una anomia social y a la barbarie. Por ese camino lo único que empezará a coger forma será la dictadura y la muerte de la democracia.

Pero si las instancias sociales tienen éxito, y demostramos ser capaces de desobedecer colectivamemente, pondremos al gobierno de Duque a negociar un cambio sustancial de políticas y podremos conducir la sociedad hacia la vida y la superación de los problemas.

Podemos establecer unos objetivos concretos a lograr, necesarios para estas semanas de agudización de la pandemia.

En salud, el derecho a la vida enfrenta una fuerte omisión por parte del Estado. Ya sabemos que no se compraron respiradores a tiempo. Ya sabemos que el sistema de salud mercantilizado está colapsado. Ya sabemos que aunque empiezan a llegar las UCI, no hay personal capacitado y suficiente para manejarlas. Eso se llama improvisación. Improvisación que costará vidas.

Hoy la mayor parte de las más de 5.000 personas que han muerto, han fallecido sin siquiera alcanzar un respirador. El 81.8% de ellos murieron en sus viviendas sin pasar por una UCI y la mayoría de ellos no tuvieron tratamientos para mitigar los efectos del covid. Tratamientos que pudieron salvar miles de vidas.

El protocolo de atención se centró en la observación de los enfermos hasta que estuvieran en fase crítica y ya estando allí, su hospitalización en condiciones ya muy precarias para su sobrevivencia. Los países exitosos frente al covid han reemplazado la observación por la intervención activa con tratamientos, y han logrado niveles muy bajos de número de muertes y de contagiados. Podríamos poner de ejemplo a Costa Rica, Uruguay, Cuba, o Finlandia, Dinamarca, o el extremo oriente. La ley 100 no permite estos altos niveles de prevención en el territorio mismo y los tratamientos a personas con inicio de los síntomas.

La crítica del doctor Raúl Salazar, médico del Valle del Cauca, es pertinente, así él mismo no descubra que la fuente de la enorme omisión del Estado en salvar vidas humanas es la misma ley 100.

Pues bien, aquí hay un campo de desobediencia civil. Los médicos deben formular tratamientos más allá del acetaminofén que solo sirve para enfermos con síntomas leves, como bien lo denuncia el doctor Raúl Salazar, y el paciente debe acudir a las tutelas para logralo y exigirlo. Las redes sociales deben ponerse al servicio del enfermo no atendido.

Los tratamientos que mitigan algunos riesgos mortales que se generan por el virus están en muchos de los países exitosos, sin que representen curas milagrosas ni vacunas. No garantizan “per se” la vida del paciente, pero han salvado la vida en miles de casos. No hacerlo es una verdadera omisión que conculca el derecho fundamental a la vida.

Claro que los mecanismos burocráticos y las rutinas de minimización de costos de las EPS han impedido que se tengan el número de pruebas suficientes para dimensionar con objetividad la magnitud y la geografía de la pandemia. Para más preocupación, somos de los países con menos pruebas hechas en el mundo.

Pedí información a la secretaria de salud de Bogotá sobre el origen social, por estratos, de los fallecidos por el covid en la ciudad. Aunque no tengo los datos oficialmente, los que me han suministrado algunos funcionarios, son espeluznantes. Se salvan los que pueden pagar tratamientos. Los demás enfermos graves que no tienen esa capacidad de pago y no reciben tratamientos, mueren. Estamos ante un aporicidio: la muerte de los pobres.

En política social también sabemos que el gobierno, bajo una idea de reactivación económica, que vende como inteligente, en realidad, y contra las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, decidió seguir los desastrosos pasos de Trump y Bolsonaro.

No se puede abrir la economía, cuando la pandemia avanza y cuando la reactivación se construye sobre la base del empobrecimiento, sin subsidiar la demanda a través del pago de las nóminas para no dejar caer el empleo, y sin entregar una renta mínima básica de verdad, a los confinados. Financiar la demanda de las necesidades básicas de la gente es el verdadero reactivador económico en tiempo de post pandemia, pero en tiempos de coronavirus, sin aún llegar al pico de la pandemia, el objetivo prioritario es salvar vidas humanas.

Lo que en realidad hizo Duque fue desatar un pavoroso mecanismo de concentración de la riqueza en manos de los banqueros en medio del empobrecimiento generalizado de la población y de los micro, pequeños y medianos empresarios.

La cuarentena estricta y preventiva implicaba una redistribución de la riqueza de arriba hacia abajo, de los dueños de los bancos y del patrimonio hacia los trabajadores y la gente en la pobreza, a través del subsidio de nóminas y la renta básica. La casta política en el poder jamás ha sido capaz de imaginar siquiera la posibilidad de una redistribución de la riqueza, así sea en términos transitorios, como lo demandaba la pandemia.

Enfrentar este mecanismo perverso de la política de Duque implica desobediencia civil también. La desobediencia civil en pos de la renta básica y el subsidio de las nóminas con enganche inmediato de los trabajadores despedidos, implica dejar de pagar las deudas bancarias y presionar los bancos a un cambio sustancial de su política agiotista y ventajosa.

Implica dejar de pagar arriendos empresariales y familiares para detener los desalojos.

Implica dejar de pagar servicios públicos en jornadas locales de desobediencia civil.

El cese de pagos, para proteger el ingreso, permite presionar un gobierno ilegitimo y débil para cambiar la política, de cara a restablecer la prioridad de la vida en el país y el ordenamiento democrático de la reactivación del trabajo.

Llevar al gobierno a cambios sustanciales o a su propia renuncia si no es capaz, no es un objetivo alejado de la realidad colombiana. Al contrario, no hacerlo, puede implicar una destrucción mayúscula de la cohesión social, la institucionalidad malherida, y de la Nación misma.


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Categories: Gustavo Petro

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